En el actual entorno de transformación digital, las empresas enfrentan crecientes desafíos que impactan directamente en sus estructuras de gobierno corporativo. En este escenario, las tecnologías de la información (TI) se han convertido no solo en una herramienta clave para mejorar la productividad, sino también en un componente esencial para la competitividad. No obstante, su uso conlleva riesgos significativos que muchas veces no son abordados de forma integral por las organizaciones.

Una problemática recurrente es la ausencia de marcos normativos internos claros que definan responsabilidades, funciones y objetivos relacionados con la seguridad de la información. Esto impide una gestión efectiva de los riesgos tecnológicos y debilita el cumplimiento normativo al interior de las empresas. En la práctica, son solo algunos departamentos los que asumen la labor de protección y control, generando brechas organizacionales importantes. 

El uso intensivo de la tecnología en los entornos laborales ha traído múltiples beneficios: automatización de tareas, mejoras en la gestión documental, eficiencia operativa, entre otros. Sin embargo, también ha dado lugar a nuevas tensiones y conflictos, especialmente respecto al uso adecuado de la información y los recursos digitales. Estos desafíos requieren una respuesta institucional basada en políticas sólidas y mecanismos de control efectivos.  

Las empresas deben asegurar que sus políticas de seguridad no solo existan, sino que sean comprendidas, respetadas y aplicadas por toda la organización. La protección de la información corporativa no es responsabilidad exclusiva de las áreas técnicas, sino un compromiso transversal que involucra a todos los usuarios. Basta un descuido para que información estratégica sea filtrada, manipulada o incluso destruida. 

Una amenaza recurrente es el acceso indebido y la posterior divulgación de información sensible, muchas veces por parte de trabajadores que, si bien tienen acceso legítimo, están obligados a la confidencialidad según sus contratos laborales. Casos como la entrega no autorizada de bases de datos de clientes o empleados a terceros, incluso a competidores, son ejemplos reales que evidencian la necesidad de reforzar los controles internos. 

Frente a estos riesgos, las empresas deben adoptar un enfoque preventivo. Esto implica definir y formalizar políticas tecnológicas, incorporar cláusulas específicas en los contratos laborales, establecer procedimientos de monitoreo y auditoría —internos y externos—, y regular el uso de herramientas digitales como internet, correo electrónico o bases de datos. Estas medidas deben ser acompañadas de acciones sistemáticas de capacitación y concientización para asegurar su correcta implementación. 

Este compromiso con la seguridad digital debe emanar desde el más alto nivel de la organización. Es el directorio, como órgano central del gobierno corporativo, quien debe liderar esta transformación, impulsando una cultura organizacional que incorpore el riesgo tecnológico como una dimensión estratégica del negocio. Solo así las empresas estarán preparadas para responder de forma adecuada a los desafíos que impone la era digital.